Consejeros debaten exención de contribuciones y prohibición de impuesto al patrimonio ad portas de inicio de votaciones

Un primer apronte tuvieron este lunes los representantes del oficialismo y la oposición que integran la Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales del Consejo Constitucional, en algunos temas de especial relevancia para los consejeros opositores y, en particular, para el Partido Republicano. Si bien nada se votó, se discutieron algunas de las enmiendas más polémicas presentadas por la colectividad fundada por José Antonio Kast.

Durante la primera parte del debate, en la mañana, el consejero Jorge Ossandón Spoerer, del Partido Republicano, argumentó y defendió el sentido de la enmienda que exime del pago de contribuciones a la vivienda principal. El representante subrayó que a los autores de esta propuesta les interesa “fortalecer el derecho a la vivienda”.

Y en ese contexto, el consejero apeló esencialmente a que la vivienda se adquiere con recursos que ya pagaron impuestos y que cuando se venda, si es que se termina traspasando de manos, también pagará impuestos; por lo tanto, el que se exima del pago de contribuciones no significa que la vivienda quede liberada de todo tipo de impuestos. Pese a todo ello, recalcó Ossandón, “está sujeta a un arriendo permanente”, porque es propia y no del Estado. E incluso, que aquellos que no pueden generar ingresos, no están exentos de pagar las contribuciones.

Por otra parte, también señala que las municipalidades no pierden una gran suma de ingresos si es que no se pagan las contribuciones, pues sólo perciben entre el 7% y 8% de sus recursos a nivel nacional por este impuesto.

En contraste la consejera Karen Araya del Partido Comunista (PC) dijo que la enmienda favorecería a “los sectores más ricos de la sociedad”, puesto que el 77% de las viviendas no pagan contribuciones y que lo que se dejaría de recaudar perjudicaría la correcta implementación de un Estado social y democrático de derecho. Adicionalmente, la consejera enfatizó que una regla como esta es “irresponsable”, porque va en contra del principio de responsabilidad fiscal.

Y la comisionada Alejandra Krauss (DC), junto con plantear que una medida como esta se debiera hacer a través de exenciones en la ley para hacerlo correctamente, agregó que beneficiaría a “los más ricos de la población –que algunos de los que estamos sentados acá estamos dentro de ellos– (…), y me parece de justicia que quienes más tienen, inclusos a través de las contribuciones a los bienes raíces, contribuyan también a una redistribución en esa materia”.

Tributos

Más adelante se debatió acerca de la enmienda que establece la igualdad y equivalencia en la repartición de los tributos determinados en proporción a las rentas o en la progresión o forma que fije la ley y la igual repartición y proporcionalidad de las demás cargas públicas legales y otras tantas de la oposición que van en el mismo sentido.

Al respecto el consejero de la UDI Arturo Phillips argumentó que lo que se busca con la propuesta es evitar que el Estado pueda aplicar tributos injustos y para darles “certezas” a todos los chilenos cuando se propone también que en ningún caso la ley podrá establecer tributos que sean desproporcionados, confiscatorios, injustos o retroactivos. La oposición también argumentó que con ello se protege la inversión extranjera.

Por su parte, el UDI Carlos Recondo, señaló que en Chile el que más gana más contribuye y alertó acerca de que se debe buscar un equilibrio entre la justa recaudación y el crecimiento económico para garantizar la cobertura de los derechos sociales.

A este respecto el vicepresidente del consejo, Aldo Valle (indep.PS), se refirió en concreto a la propuesta que prohíbe establecer impuestos al patrimonio. En este sentido, señaló que, desde su puntos de vista, “establecer a nivel constitucional una prohibición absoluta a los impuestos al patrimonio establece una rigidez que es innecesaria”, porque en cualquier caso requeriría de la expresión del Congreso y no será “nunca un acto de la administración”.

Pero, adicionalmente, genera el acto de constitucionalizar la medida, generando desde ya la imposibilidad de usar “un instrumento de política pública que bien pudiera, en algún momento, necesitar el país”.